DERECHOS HUMANOS: DE PROBLEMAS DEL PRESENTE Y DE ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO



Mª. Dolores Maldonado Martínez*



1. INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos pueden ser definidos como los más intrínsecamente ligados a la dignidad de toda persona y a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que de ella dimanan, reconocidos y protegidos, sin discriminación alguna, por el ordenamiento jurídico-constitucional de los estados democráticos de derecho, y por la conciencia colectiva que se expresa en el derecho internacional de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la asamblea de la O.N.U. en París el 10 de diciembre de 1948; tras largos debates, votada por cuarenta y ocho estados. Profundamente inspirada en la francesa de 1789, cuyo alcance universal subraya, completa las lagunas de la misma, tras 150 años de conquista de nuevos derechos individuales, familiares y sociales entonces desconocidos. Obviamos la relación de aportaciones, innovaciones y articulado, como los nuevos derechos de voto, de la mujer, a la educación, al trabajo, la condena de los países que no los respetan, la condena expresa del racismo, etc1. Es, como la primera, fruto de las circunstancias, a pesar de su intención de universalidad, también como aquella en su día. Eso explica por qué ocho democracias "populares" se abstuvieron ante un texto que consagraba la legitimación de la propiedad privada de los medios de producción2, o que condena la segregación racial oficial sudafricana o la esclavitud de los saudíes. En 1950 se forma la Convención europea de salvaguardia de los derechos y las libertades fundamentales. Le seguiría la Carta social europea de 1961. En 1966 se aprobaron los pactos internacionales, de los derechos económicos, sociales y culturales el primero y de los derechos civiles el segundo, que contienen además medidas para llevarlos a la práctica. En el 68, la Conferencia de Teherán aprobó 19 puntos, con ocasión de la celebración del año internacional de los dchos. humanos, para actualizar la declaración del 48, sobre discriminación, descolonización, educación, de la mujer y la infancia, de la planificación familiar, etc. España ratificó la adhesión a la Declaración en el 76; en el 77, los pactos; y en el 78, la Constitución establece la obligatoriedad de regir su normativa acerca de los derechos con arreglo a ella y a los pactos ratificados3.

La expresión derechos humanos fue generándose para significar sucesivamente y al compás de las distintas concepciones filosóficas sobre su fundamentación, los derechos naturales o innatos, esenciales, absolutos, personales y de cada pueblo en el proceso histórico de los tres últimos siglos. En el derecho positivo actual, significan también los derechos constitucionales y los fundamentales de las constituciones y los pactos o convenios internacionales. Pueden evocarse varios de los antiguos antecedentes de algunos derechos fundamentales como a la vida, a las libertades, de asilo, a juicio, al trabajo, a la vida política... Del mismo modo, como en la actualidad, podemos remontarnos a seculares transgresiones de esos mismos o de otros a lo largo de la convivencia humana. Lo habitual es situarlos en la normativa del XII al XVI, como algunos decretos de las Cortes de León, la Carta Magna inglesa, los fueros de las Cortes de Aragón, las leyes de Indias; en fin, los manuales de historia de Derecho, abundan en citas semejantes. Pero es el humanismo renacentista, la reforma de las nuevas iglesias y la filosofía social lo que impulsa el nacimiento de los que hoy conocemos con ese nombre. Muestras de ello son el Bill of rights de 1689, o la Declaración de Virginia de 1776 o la propia Constitución estadounidense de 1787 que desembocarán en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. En Gran Bretaña se estaba acelerando el proceso de la Revolución Industrial, y es allí donde Gibson, en la Decadencia y caída del Imperio romano, escrita en 1766, expuso la teoría del progreso continuo e irreversible de la Humanidad, ligado estrechamente a los factores materiales que aumentan su riqueza4.

La teoría del contrato social pretende responder al problema del fundamento jurídico y de la legitimación de la sociedad, que es una cuestión de Derecho y no de hecho. El debate comenzó a desarrollarse a partir el s.XVII al considerarse la sociedad civil como fenómeno estrictamente humano y, por tanto, el fundamento humano de la autoridad del estado, en oposición a las doctrinas políticas de carácter teocrático para las que el poder político procede de Dios. Lo que fundamentó, sin embargo, fue el origen de distintas opciones políticas en función de los términos en los que se concebía el pacto o contrato social. La incisión tremenda producida por la teoría del contrato social alumbró posturas republicanas anticolonialistas, que comenzaban a hablar de solidaridades entre ciudadanos europeos y, por ende, del mundo, y puso a temblar a todo el despotismo ilustrado.

El pensamiento político que parte del iusnaturalismo considera la existencia de las leyes como parte de la naturaleza humana, derivadas de dicha naturaleza, como relaciones necesarias para la convivencia entre individuos y entre los pueblos, pero convencionales; y deberían basarse en un pacto o contrato entre el pueblo y los poderes del Estado5. De la admiración hacia el constitucionalismo británico que consagraba la división de poderes como un sistema de equilibrio dinámico del estado, nace la reivindicación del ciudadano frente al súbdito, y de subordinar la monarquía a la nación soberana. Durante mucho tiempo los iusnaturalistas creyeron haber logrado que algunos derechos quedaran a salvo de confrontaciones porque descansaban directamente en la naturaleza humana, pero dicho fundamento se reveló muy frágil como soporte de derechos inamovibles6. Tras este potente avance, surgen las constituciones del XIX, como la memorable de Cádiz de 1812, y del XX, aún con fundamentos ideológicos opuestos, pero sin dejar de proclamar los tan "cacareados" derechos humanos. Mención especial requiere la española del 31 y la alemana del 19, junto a la mejicana y la de la URSS.

Suele hablarse también de tres generaciones en la evolución de los derechos fundamentales, según la clasificación de Vasak7; la primera, del valor de la vida y la libertad; la segunda, del valor de la igualdad; y la última, del valor de la solidaridad. Definitivamente, el problema de su fundamento parece que ha perdido vigencia y la Declaración descansaría sobre el acuerdo o el pacto y que esto se consideren razones de peso sobre las que descansar.



2. SOBRE EL PRESENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

El presente es una ironía triste que permite observar con qué facilidad se puede corroborar la deficiente o inexistente atención a los derechos humanos en la mayoría de estados del planeta; atención que teóricamente los organismos internacionales deberían remediar y sin embargo semejan aliarse el descuido interno con la desatención y el aparente laissez faire internacional. Lamentablemente, las garantías internacionales están más desarrolladas en los estados donde más son atendidos los derechos fundamentales, o en Occidente aquellos donde funciona un estado de derecho, que ya hemos puntualizado. O sea, una tutela dentro de la imperfección -porque no vamos a caer en la ingenuidad de admitir en Occidente un estado garante de todos los derechos, no ya sociales, siquiera individuales, para todos los colectivos, inclusive los marginados-; innecesaria si se compara con la del segundo o tercer, valga el eufemismo, mundo, cuando es lo pertinente proteger los derechos de los ciudadanos de estados sólo de facto. Pero son éstos los más reticentes, negados, más bien, a la intervención y tutela de los organismos internacionales, por ser "lesiva" a los intereses de dominio y explotación, flagrante a la luz internacional, de gran parte de la población por parte de unas cuantas castas, harto conocedoras de la ¿mejora? de la situación sociolaboral en los llamados países occidentalizados, a quienes acusan precisamente de colonialismo jurídico, reactivando las dificultades de fundamentación de los derechos humanos, y resaltando su ausencia como una de las causas primordiales para la definitiva asunción de su aplicación por todos los estados.

Sin negar el conflicto, y sin dejar de advertir cierta base en la reclamación, hemos de incidir en la necesidad de superar el problema, para dejar definitivamente a un lado las justificaciones de actuaciones inadmisibles por lesivas para toda la colectividad planetaria. En filosofía jurídica, varios son los modos de buscar el fundamento de los valores: a través de la deducción de una entidad objetiva constante, como la naturaleza humana; también la evidencia; otras, el consenso universal. Si pudiésemos conocer la naturaleza humana en su esencia y no existiera la experiencia de su plural interpretación histórica, hay que reconocer que ofrecería la mayor garantía de validez universal. Pero, tal como se consensúa desde el derecho, la ciencia y la filosofía positiva, la naturaleza humana no existe. Y la referida evidencia no resiste la mera investigación histórica, además de ser una pretensión inadmisible la de colocarse a priori al margen de cualquier argumentación8. Ya hemos referido que los iusnaturalistas creyeron haber logrado que algunos derechos quedaran a salvo de confrontaciones porque descansaban directamente en la naturaleza humana, pero que dicho fundamento se reveló muy frágil como soporte de derechos inamovibles; y que esta ilusión no era posible actualmente, porque, lejos de solucionar problemas viejos, se añadían nuevas dificultades. La primera de ellas, la propia tautología de la expresión, en el sentido de pretender o hacer algo frente a otro al amparo de una norma o exigencia coercitiva, porque necesita de la noción sujeto humano; sólo analógicamente puede hablarse de derechos de los animales, sin excluir por ello los deberes con todo ser vivo. Irónicamente, para los juristas, todo derecho subjetivo, en relación con el derecho objetivo o conjunto de normas imperativas y coercitivas de un estado, es un derecho humano. Las definiciones son tautológicas prácticamente todas, tanto las que aluden al status, como al contenido, como cuando incluyen valoraciones; todas generan polémicas. Al final, el acuerdo por el que se opta deja la definición tan imprecisa y global que nace hueca. Es por ello por lo que nos preguntamos con el jurista9 cómo es posible replantear el problema del fundamento, absoluto o no, de derechos de los que no es posible una noción clara. No menor dificultad que la anterior la constituye el que los derechos humanos sean una clase variable; se han modificado y sigue haciéndose con el cambio de las circunstancias históricas, de las necesidades e intereses de las clases dominantes, de los medios técnicos, y de otra índole, de que disponían, como hemos citado antes10.

Parece, pues, que la alternativa volcaría a decantarse por el relativismo histórico, y que ello sería la antítesis de la posibilidad de un derecho para todos los humanos. El relativismo, de entrada, quedaría descartado. No así Bobbio, que no entiende el temor al relativismo y para quien justamente este pluralismo jurídico e incluso religioso y moral, resulta el argumento más rotundo para fundamentar algunos de los derechos del total de los humanos, como el de la libertad de expresión y el resto de las libertades (no en vano Kant los redujo todos a la libertad, la suprema afirmación de un individuo que forma "parte de la sociedad universal en virtud del derecho común a la posesión de la superficie de la tierra")11. Porque la situación cobra sentido al enunciarlos de forma negativa: serían, no el derecho a tener tal o cual país, o pensamiento, o religión, sino el derecho a no ser coartado o forzado a sostener tal o cual tal fin político o religioso, por ejemplo. El derecho a la libertad consiste en poder hacer o profesar algo y también el derecho a no hacerlo, a no ser obstaculizado en dejar de perseguir determinada finalidad. Otra, si no la mayor12, de las dificultades es la casi imposibilidad de hablar de un solo fundamento; tendríamos que señalar diversos fundamentos, en función del derecho que quisiéramos sostener. Hay entre ellos exigencias muy diversas e incluso incompatibles. Los hay con estatuto diverso, que valen en todas las circunstancias, y los que no. Los que no son suspendidos en algún caso o negados para alguna categoría son muy pocos porque no entran en competición con otros también fundamentales, que no impongan una elección dudosa y a veces difícil de motivar. A menudo ésta se resuelve con la introducción de límites a la extensión de uno de los dos derechos, de modo que resulte parcialmente salvaguardado también el otro.13

La Declaración Universal representa la prueba manifiesta por la que un sistema de valores humano puede fundamentarse y reconocerse: el consenso. El consenso permite justificar los valores en su aceptación mayoritaria, en este caso universal, que no es criterio absoluto pero tiene comprobación empírica: es la prueba histórica más grande que jamás se haya dado por consenso de validez universal. Es la primera vez que un sistema de valores adquiere dimensión universal de hecho. Es la primera vez, pues, que la comunidad humana comparte algunos valores comunes, aceptados internamente. El trabajo actual es entonces poner las condiciones para su cumplimiento. El problema real no es su justificación, sino su protección; es un problema político, aunque esta labor no depende del peso de las razones, ni del voluntarismo de los poderes ejecutivos sino sólo del estudio de la transformación de las condiciones materiales de un estado, de la técnica y de su industria. Es tarea que implica a la historia, la sociedad, la economía, la psicología, para su realización: los acuerdos son costosos cuando se trata de enunciarlos pero infinitamente fáciles si los comparamos con las trabas que surgen por doquier si se intenta pasar a la acción. No es que comiencen las reservas y las oposiciones, es que su defensa etiqueta de inmediato a sus defensores de quiméricos.

Por lo argumentado, el problema actual de los derechos no es su proclamación, sino su protección, y las medidas para ello. La comunidad internacional dispone de unos organismos que frente a los estados ejerce nominalmente una fuerza no coactiva, diferenciada de la que el ciudadano dispone dentro de su estado, ésta sí coercitiva. Resulta clara la diferencia entre la protección jurídica y las garantías de los organismos internacionales, la una sirviéndose del apoyo del poder, la otra basándose exclusivamente en la influencia. La Declaración puso en marcha una época de afirmación positiva universal de los derechos cuyos destinatarios, por vez primera en la historia, y más que con cualquier confesión religiosa, son todos los habitantes de la Tierra, y que ya tendrían que estar efectivamente protegidos, no sólo promulgados, dentro y fuera de su estado. Anterior a ella, la única defensa válida era el derecho de resistencia. Las constituciones, a las que ya hemos aludido, han ido reconociendo la protección jurídica de algunos de estos derechos, y puede promoverse una acción jurídica, igualmente, o de amparo contra los organismos estatales. Pero, cuando ello no ocurre, sólo queda la resistencia o la resignación, y ninguna de ellas forma parte de ningún derecho positivo,;se mueven aún en el ámbito de los principios, esto es, de la moral o la filosofía, o de la creencia o la fe: ninguna de ellas fundamenta derecho positivo actualmente.14

Las actividades desarrolladas hasta ahora por los organismos internacionales para tutelar los derechos humanos han ido encaminadas a la promoción, al control y a garantizar los mismos. Las medidas relativas a la protección tienen como objetivo el inducir a los estados a introducir en su ordenamiento la tutela de los derechos humanos y, en caso de contar ya con ella, perfeccionar su derecho sustantivo y procesal en calidad y cantidad. Las medidas de control han sido orientadas a la verificación del cumplimiento de las recomendaciones y el grado de respeto a las convenciones, previstas en las ya citadas Convención europea de Roma en el 50 y los Pactos de 1966. La auténtica garantía consistiría en una verdadera jurisdicción supranacional que se impusiera, sustituyéndola, a las estatales -actualmente, en la fecha en que redactamos estas líneas precisaríamos además, que no tuviesen la necesidad de coincidir con los intereses estadounidenses; recuérdese, para empezar, la crisis artificial del Golfo que manipulando el incumplimiento de los derechos ha revertido sobre Europa y Oriente la reconversión industrial y de la deuda norteamericana-, cuando las garantías nacionales son insuficientes o inexistentes. Conviene un cierto grado de neutralidad.

No todo está por hacer, ni mucho menos; es precisamente positiva la andadura, en parte en foros internacionales. En 1952 se creó la Convención sobre los derechos políticos de la mujer; la Convención para la Prevención y la Represión del Genocidio se creó, de hecho, en 1958; la Declaración de los Derechos del Niño, en el 59, fue prácticamente correlativa; es evidente que el proceso de descolonización aceleró notablemente tras la guerra15; también en el 65, la Convención sobre la discriminación racial reafirmó en su contra la Declaración del 63. Se acepta ya como el primer derecho el de autodeterminación de los pueblos, así como los derechos sociales son reconocidos por los referidos Pactos del 66, y los civiles por los del 68. No obstan estos logros para que voces como la de Bobbio16, en más de una comunicación, satirice sobre la hecatombe mundial que supondría el cumplimiento sensu stricto de los enunciados contenidos en todos ellos. Quiere precisar que la comunidad internacional se encuentra frente a la tarea de perfeccionar el contenido de toda la legislación positiva de la Asamblea, actualizándola, y también frente al conflicto de garantizarlos, hasta ahora casi inoperadamente. Se corre el riesgo serio de convertirlas en rituales solemnes con actos que sólo demuestren la gran conciencia adquirida en las últimas épocas, sobre todo del ochenta y tantos, del 89, por los organismos internacionales; y no queremos negar la tremenda maduración subjetiva y objetiva que supone, pero tampoco queremos olvidar los muertos, cientos de miles al mes, millones al año, que mueren por culpa nuestra; por calmar nuestras conciencias sólo con menores voluntarismos, repito, de salón, y sentir a salvo nuestra responsabilidad con ello. Podrá hablarse de tutela supranacional cuando superemos la fase actual: la de garantía dentro del estado por la de poder ejercerla contra el estado, que no es la dominante y que no abre el camino a las perspectivas del futuro.



4. SOBRE EL FUTURO DE LOS DERECHOS

Si en lo que va de exposición hemos logrado alumbrar que también los derechos denominados humanos son el producto de la civilización; derechos históricos contingentes, en transformación y susceptibles al cambio17, habremos de confluir en el desconocimiento del devenir de unos derechos humanos que han atravesado ya las revoluciones francesa, soviética, española y europea de los treinta -una vez más permítaseme la licencia de recalificar las guerras mundiales y de este país de forma personal-. Es de prever que el desarrollo técnico, la transformación que implicará la genética, la microrobótica y el continente asiático a las puertas del XXI, y las modificaciones que éstas y otras implicarán socioeconómicamente hablando, la ampliación del campo gnoseológico y la divulgación aún mayor de las llamadas infovías por el ciberespacio -parece que estoy levitando en la aldea global, prometo que no es mi intención-, hagan surgir la necesidad de mayor protección contra la manipulación de la publicidad y los medios de comunicación, a potenciar el derecho a no ser engañados, incitados ni aislados de y por la información; a saber qué cambios repercutirán en el orden privado y qué exigencias de libertades y contrapoderes generarán, ¿a costa de seguir con la explotación de unos pocos sobre una mayoría algo menos inmensa?, si es que antes no hemos terminado con la posibilidad de la especie misma.

No acaban su logro, y eso que están aún en ciernes, pero aunque ya se hubiesen conseguido respetar en todos los países, no se acaban en los civiles los derechos del hombre. En la medida en que el poder económico dirige cada vez más descarada, y descarnadamente, las decisiones políticas, es necesario presionar para poder participar haciendo que las intenciones proclamadas sobre derechos económicos adquieran la naturaleza de positividad jurídica y no sólo constitucional. Es lamentable que las cartas magnas no tengan en la práctica vigencia legislativa y que la normativa de rango inferior contradiga y violente uno de los principios básicos del estado de derecho. Y sin embargo, "tragamos". Las formulaciones de juristas esforzados, la buena voluntad de políticos atrevidos, las filosofías anticipadas de ilustres preclaros pensadores, no han acabado la misión, sino sólo iniciado el impulso del ejercicio de su cumplimiento. La bioética, la ecocompatibilidad, el desarrollo sostenible, suenan a magníficas intenciones que no han abandonado el tufillo economicista18.

Comenzamos por un examen inicial en este trabajo de la Declaración y hemos mirado en derredor19. Ojalá la millonaria evolución humana sólo esté apenas iniciada y hagamos realidad algunas de las tareas que hoy sabemos que no tenemos derecho a no realizar, aquellas que no impedimos pero somos conscientes de su criminalidad. Quizá, al final de este proceso los derechos del ciudadano se transformarán positivamente en los derechos humanos. Serán los derechos de un ciudadano de la ciudad Tierra20, cuyos habitantes son toda la humanidad, cerrándose el círculo. En su nacimiento fueron concebidos como derechos naturales universales; inician su andadura positiva como derechos particulares para realizarse finalmente como derechos positivos universales.

En pro de un pensamiento de izquierdas, precisemos que la Declaración contiene la síntesis dialéctica de una tesis originada en la universalidad abstracta natural; como antítesis, la particularidad concreta de los derechos positivos nacionales y finalmente niega la negación concretando los derechos positivos universales. Con esta imagen dialéctica, advirtamos que la Declaración es sólo el principio de un largo proceso iniciado hace casi tres centurias y del que no podemos auspiciar aún su realización final; es más que un sistema doctrinario pero menos que un sistema jurídico. La Declaración proclama sus principios para difundirlos como un ideario que deberá presidir todos los pueblos y naciones. Pero su apelación jurídica es hipotética, y está declarada en el Preámbulo, al prescribir la protección de los derechos en la normativa jurídica de cada país, so pena de encubar en su seno una incitación del derecho a la rebelión21. Indica pero no determina.Quién sabe si acaso asistimos a un cambio ya en curso de las relaciones de los poderes externos a los estados nacionales entre sí, y nos encontremos ya ante un giro de la concepción de los derechos del ciudadano contra el estado por el aumento del poder representativo de los organismos internacionales. La realización de los derechos humanos depende de otro grado de desarrollo social que haría estallar hasta el último mecanismo de garantía jurídica; el enunciado, una “osadía“ que asumo.

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4. CONCLUSIÓN

Los datos empíricos que hoy mismo, en todos los países del mundo, ponen de relieve el desfase entre el reconocimiento institucional de dichos países y la realidad de sus infracciones, tanto los de carácter cívico y político, como, sobre todo, los de índole económica, social y cultural, obligan al perfeccionamiento del sistema de garantías del disfrute de los mismos, no sólo en lo que concierne a las acciones de protección sino también a los cambios sociales y culturales indispensables para la promoción del disfrute efectivo. Todos los poderes públicos tienen la inexcusable obligación de proteger estos derechos fundamentales, y singularmente incumbe a cuantos funcionarios públicos operan en la administración de justicia, fiscales, jueces y tribunales y a todos los que forman parte de la noble función de juzgar. El recurso al habeas corpus y los recursos de amparo, del ombudsman no es meramente reacción contra las infracciones que cualquier poder público perpetre contra esos derechos, sino de promoción activa para crear las condiciones objetivas que hagan posible el disfrute real de todos los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas que habitan el país llamado Tierra, sin distinción de sexo, raza, religión, edad o condición, nacionales o extranjeros, váyase a saber. La importancia de los derechos fundamentales hace que las constituciones y los pactos internacionales prevean garantías, incluso en las llamadas situaciones excepcionales, cuando los riesgos para la vida de una nación son importantes; pues aún entonces, suspendidos necesariamente algunos de esos derechos en su ejercicio, los otros, los que más íntimamente se ligan a la intimidad de la persona, no pueden ser lesionados, antes bien, han de ser establecidas las garantías parlamentarias, judiciales, nacionales y supranacionales, para evitar extralimitaciones e impedir abusos.

Como final, queremos reflexionar sobre la conexión imprescindible entre la vivencia real de los derechos humanos fundamentales en todas las regiones del mundo, y la construcción de una auténtica paz. Y no hay paz auténtica si no se basa en la justicia social y, por consiguiente, en la protección de la dignidad humana y de todos los derechos que le son inherentes. Pero el reconocimiento y el disfrute efectivo de todos los derechos sólo es posible en genuinas situaciones de auténtica paz social, que quiero simbolizar en la carita de un bebé cuando, dormido, sano, limpio, alimentado, querido, estimulado, expresa como nada ni nadie el bienestar y la felicidad. El Preámbulo citado por Bobbio de la Carta fundacional de la Unesco, es otro exponente: "si la guerra nace en el corazón de los hombres, es en el espíritu de los hombres donde han de construirse los baluartes para la paz"22. O ¿ya hemos olvidado en Occidente a Ruanda, el Golfo, ayer y hoy, Cuba, Bosnia y las demás catástrofes y masacres, las teledivulgadas y las que no son del interés mediático? Yo, lo siento, no. Y andaré con la vergüenza bajo la máscara de todos los días mientras me dure la consciencia y la conciencia.





*Profesora de Filosofía del I.E.S. Al Andalus de Almería.

1O.N.U.: Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Arts. 1,7,9,11,29.

2op. cit.: art. 17.

3Cortes Españolas: Constitución Española. 1978. Art. 10

4Bury, J.: La idea de progreso. Madrid. Alianza. 1971

5Recuérdese el relativismo de los sofistas sobre el origen de las leyes y relaciónese con la polémica medieval acerca de la ley natural y la ley positiva.

6Hazard, P.: El pensamiento europeo en el s.XVIII. Madrid. Alianza U. 1992.

7Fontana, J.: Análisis del pasado y proyecto social. Crítica. Grijalbo, 1982.

8Cassirer, E.: Filosofía de la Ilustración. Méjico. F.C.E. 1981.

9García Pelayo, M.: Derecho constitucional comparado. Madrid. Progreso. 1982.

10Se han limitado; modificado; otros, los sociales, de proclamación reciente; otros ni remotamente auspiciados, como derechos animales, neonatos ¿Se necesitan más pruebas de la inexistencia de derechos fundamentales o naturales positivos?

11- Kant, I.: Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre filosofía de la historia.

Madrid. Tecnos, 1987.

12Ocurre una particularidad notablemente grave: aquella que denota antinomia entre derechos pretendidos por los mismos sujetos. Además de los derechos individuales que comprenden libertades, todas las declaraciones recientes incluyen los sociales, que implican a poderes y requieren la imposición sobre terceros de obligaciones positivas. Cuanto más aumentan los poderes de los individuos, más disminuye en la misma proporción las libertades de esos mismos individuos. La antinomia impide que dos derechos fundamentales puedan tener un fundamento absoluto que haga irrefutable un derecho y su contrario al unísono. Ahora bien, la creencia en que el progreso en libertad conlleva un progreso moral y material, ahora más fehacientemente que nunca, es falsa, además de su refutación histórica (Fontana, J.: op. cit.). La ilusión del fundamento absoluto de algunos derechos ha obstaculizado la introducción de otros por incompatibles, como las trabas al progreso legislativo social desde el iusnaturalismo por lesionar el "sacrosanto" derecho absoluto a la propiedad. Por contra, los derechos humanos no han sido menos violentados en los momentos históricos en que se creyó firmemente en su fundamento iusnaturalista.

13Bobbio, N.: El tiempo de los derechos. Madrid. Sistema, 1991.

14Marcuse, H.: El hombre unidimensional y otros escritos. Barcelona. Ariel, 1987.

15¿Cuándo a los estados occidentales les era más económica la creación del GATT, el FMI, la propia NATO y la ONU que mantener costosas burocracias y ejércitos ultramarinos y una producción que había que sostener como propia en la demanda internacional? Permítanseme estos `delirios´ de visionario de salón; no es la primera vez, en este texto...

16He de reconocer aquí mi deuda con el filósofo-jurista y político italiano: aprendimos a quererle ya en los setenta, viéndole conciliar lo mejor del proyecto ilustrado y de la corriente marxista y a reputarle como uno de los más brillantes analistas políticos del s.XX, con Gramsci, Poulantzas; mi paseo obligado por los fundamentos del Derecho me remitieron, de nuevo, a algunos de los textos de Bobbio de los últimos tiempos -Qué socialismo; De Hobbes a Gramsci; El contrato social, hoy; El futuro de la democracia.

17Basta una mirada a los primeros iusnaturalistas para observar como ha aumentado la relación de derechos: Hobbes reconoce el derecho a la vida, Locke intuye los derechos propios de la naturaleza humana... de un comerciante burgués, paisano suyo, casi idénticos a los proclamados en el Bill of rights de 1689, Rousseau los de un utopismo francés, desfasados ya algunos... La afirmación de estos derechos fue paralela a la implantación de regímenes representativos y la disolución de estados absolutos.

18La biodiversidad genética, la de las especies y la ecosistémica están afectadas innegablemente por la actividad humana que amenaza a la masa terrestre, en el 0,5 contiene un 40% aprox. de la riqueza biológica, y al patrimonio agronómico legado desde hace 20 milenios por las distintas formaciones culturales. Las multinacionales extraen los recursos genéticos de los países pobres sin recibir compensación económica se ven relegados a guardianes de laboratorios naturales a los que se les veda al acceso al desarrollo al margen de los cauces implantados por las patentes de cultivos que han reducido alarmantemente el nº de variedades. Y no entramos en las cuestiones planteadas por la alteración genética aplicada a la farmacología, la medicina, sin tocar la extracción del voluntariado de los ensayos, y a la propia línea germinal humana, dónde los acuerdos universales para no efectuar manipulaciones son interpretados según conviene a los intereses comerciales que afectan a las capacidades de la ciencia y la marginan de la gestión sanitaria.

19Aunque no hacía falta porque la cotidianeidad diaria se encarga de amargarnos el despertar: es suficiente una mirada al Afganistán al que Naciones Unidas ha amenazado con retirar ayudas encaminadas a gestionar un país que funciona gracias a manos de mujeres a las que quieren devolver a la caverna platónica, y no precisamente a la del mundo sensible sino a la de los prisioneros reales maniatados contra la oscuridad permanente.

20Kant, E.: op. cit.

21Lefebre, G.: El nacimiento de la historiografía moderna. Barna. M. Roca, 1977.

22Bobbio, N.: ¿Existe una alternativa? Sociedad europea de la cultura. nº 42. 1979.




Asociación Andaluza de Filosofía.